Ante la pérdida de apoyo de los bloques aliados, el oficialismo debió retirar el capítulo de Manejo del Fuego y solo logró aprobar la agilización de desalojos y el recorte en expropiaciones, perdiendo más de dos tercios del proyecto original.
El gobierno nacional sufrió un duro revés en el Senado al verse obligado a retirar el capítulo sobre la modificación de la ley de manejo del fuego dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa, diseñada originalmente por Federico Sturzenegger, quedó drásticamente recortada y el oficialismo solo logró aprobar menos de un tercio de su contenido. Tras una fuga masiva de votos de los bloques aliados, La Libertad Avanza únicamente pudo retener los artículos vinculados a la agilización de desalojos y el recorte de facultades estatales en expropiaciones.
La jornada legislativa evidenció la fragilidad de los acuerdos parlamentarios del oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no consiguió sostener la mayoría de 44 senadores que había articulado durante el verano pasado. Bloques dialoguistas clave, como el liderado por el radical Maximiliano Abad, junto a los representantes misioneros, santacruceños y las senadoras Flavia Royón, Beatriz Ávila y Edith Terenzi, retiraron su apoyo de forma escalonada a medida que avanzaba el debate en particular en el recinto. [1]
El colapso del dictamen oficialista se aceleró tras la polémica intervención del senador libertario Joaquín Benegas Lynch. Durante la sesión, el entrerriano tildó de «ignorantes» y «tibios» a los legisladores aliados por sucumbir ante el «show mediático» contra la venta de campos. Estos dichos terminaron de dinamitar los puentes de negociación, tensados previamente por una impugnación presentada por Juliana di Tullio contra Benegas Lynch por presunto conflicto de intereses, dada su actividad privada inmobiliaria rural.
Ante la certeza de una votación negativa en el Salón Eva Perón, el oficialismo operó en retirada. El fueguino Agustín Coto anunció formalmente la remoción del segmento de manejo del fuego, que buscaba eliminar sanciones a propietarios de tierras incendiadas. Inmediatamente, el jefe de la bancada peronista, José Mayans, retrucó con ironía sugiriendo el retiro completo del texto normativo. Desde el radicalismo, Abad argumentó que el proyecto era «regresivo» y violaba el principio de no regresión ambiental de la Corte Suprema, mientras que Royón advirtió que el articulado contenía graves «errores conceptuales y técnicos».
Tras el desguace, la Cámara Alta aprobó el Capítulo I (Expropiación y Regularización Dominial) por 37 votos a favor y 33 en contra, y el Capítulo II (Procesos de Desalojo) con 36 afirmativas frente a 33 negativas. La chubutense Terenzi se abstuvo en este último punto tras advertir que la normativa de desalojos invade autonomías provinciales, teniendo aplicación real solo en la Capital Federal. Con este resultado, la Casa Rosada ve frustrada la ambiciosa reforma estructural que envió al Congreso en marzo pasado, sumando este fracaso a la reciente pérdida de la ley de extranjerización de tierras.
