El gobierno nacional siguió adelante con su plan para atraer inversiones a la producción agropecuaria, aprobando proyectos que implicarían exenciones fiscales por u$s1.800 millones al año.
La medida, impulsada por el régimen de Inversiones para la Generación de Empleo (RIGI), busca atraer a productores externos a la Argentina, pero podría generar una brecha en la recaudación tributaria, según expertos.
Según estimaciones de Guillermo Michel, actual diputado nacional y extitular de la Aduana, la pérdida de recursos tributarios por las exenciones fiscales del régimen equivaldría a 0,27 puntos del PBI. Esto podría traducirse en una pérdida de ingresos fiscales para el Estado, que podría haberse utilizado para financiar programas de asistencia a productores afectados por sequías, heladas y granizo.
La medida también ha generado debate sobre la viabilidad de los proyectos aprobados. Según fuentes gubernamentales, los proyectos aprobados son de gran envergadura y podrían generar empleos y fomentar la producción agropecuaria. Sin embargo, otros expertos han planteado dudas sobre la capacidad del gobierno para implementar y supervisar los proyectos, y sobre la eficacia de las exenciones fiscales para atraer inversiones.
La sequía que afecta a gran parte del país ha llevado a muchos productores a pedir asistencia al gobierno. En este contexto, la medida de RIGI podría verse como una forma de apoyo a la producción agropecuaria, pero también podría generar tensiones con otros sectores que consideran que la medida es injusta o que no se ajusta a las necesidades reales de la producción en el país.
La discusión sobre la medida de RIGI se suma a la preocupación por la situación de la producción agropecuaria en el país. La sequía y las heladas han llevado a una disminución en la producción, y muchos productores han pedido asistencia al gobierno para hacer frente a la situación.
En este sentido, la medida de RIGI podría ser vista como una forma de apoyo a la producción agropecuaria, pero también podría generar tensiones con otros sectores que consideran que la medida es injusta o que no se ajusta a las necesidades reales de la producción en el país.
