La restauración democrática de 1973 permitió que, pasados los años de censura y proscripción, hubiera una «primavera» en materia cultural. Como se sabe, fue una experiencia trunca, que antecedió en una década al reverdecer de los primeros años del alfonsinismo.
En ese contexto comenzaron a circular películas y libros que, con el peronismo ya rehabilitado, tuvieron una circulación legal, por fuera de la clandestinidad, como La hora de los hornos de Pino Solanas y Octavio Getino; y Operación Masacre de Jorge Cedrón, basada en la investigación de Rodolfo Walsh (autor del guión). El film sobre los fusilamientos de José León Suárez circuló entre la militancia antes de las elecciones que llevaron a Héctor Cámpora al gobierno (y a Perón al poder), tras haberse rodado en sigilo.
El estreno comercial fue el 27 de septiembre de 1973. El 23, Juan Perón acababa de conseguir su tercer mandato presidencial con un aplastante 62 por ciento de los votos. Y el 25, dos días antes del estreno, se produjo el asesinato de José Ignacio Rucci.
El Walsh de ese momento, presto a trabajar en el diario Noticias, aprovechó la apertura del ’73 para publicar un libro periodístico. Reunió una serie de notas sobre una investigación que encaró justo después de saber que había un fusilado que vivía, pero que no tuvo destino de libro inmediato como Operación Masacre y, a fines de los 60, ¿Quién mató a Rosendo?
Quizás por eso quedó como su trabajo más rezagado o menos citado. Walsh se metió en la ligazón entre política, servicios, medios de prensa y militares. Fue su segundo desafío al poder de la Libertadora y lo reconstruyó en libro cuando terminó la proscripción del peronismo.
«Si rescato el tema en 1973, no es para contribuir al congelamiento de la Revolución Libertadora. Hay en juego un interés público actual. Los mecanismos que la Libertadora estableció en los campos afines al periodismo y los Servicios de Informaciones -tema del libro- siguen vigentes después del triunfo popular del 11 de marzo, y no es una política conciliadora la que habrá de desmontarlos», escribió al comienzo de Caso Satanowsky.
El litigio
Marcos Satanowsky era uno de los abogados más reputados de Buenos Aires al momento de su asesinato, el 13 de junio de 1957. Había nacido 64 años antes en Kiev. Llegó de joven a la Argentina, se graduó en Derecho y logró escalar socialmente. Su estudio jurídico, en pleno centro porteño, tuvo como clientes a figuras de la alta sociedad.
Como la familia Peralta Ramos, que decidió tomar el patrocinio del letrado cuando el dictador Pedro Eugenio Aramburu entabló querella por las acciones del diario La Razón. El vespertino había sido una de las joyas de la corona del aparato de medios que Raúl Apolf había armado durante el peronismo. En medio de la tensión de los días del derrocamiento del líder justicialista, ocurrió un hecho que dejó sorprendidos a los militares golpistas cuando hicieron inventario de los órganos de prensa: La Razón había pasado a manos de sus antiguos dueños.
Al parecer, el saliente gobernador bonaerense, Carlos Aloé se encargó de hacer el traspaso accionario a Ricardo Peralta Ramos. La Libertadora buscaba la expropiación de todos los medios de la red de medios peronista, y se encontró con un argumento difícil de rebatir por parte de Satanowsky: Aloé las entregó en préstamo, no hubo venta y eso explicaba la ausencia de contrato.
Un decreto de febrero de 1956 prohibió asistencia legal a las personas interdictas, en general antiguos funcionarios peronistas. Pero parecía hecho a la medida de Peralta Ramos, ya que establecía que los abogados que defendieran interdictos no podrían ejercer la docencia: Satanowsky era profesor en la UBA y lo expulsaron.
Los militares comenzaron a presionar a Peralta Ramos con la cárcel si no entregaba las acciones. Para mayo de 1957, apuntaron contra el abogado: Satanowsky recibió amenazas telefónicas.
El crimen
El 13 de junio, el abogado estaba en su estudio cuando su secretaria le avisó que un hombre identificado como Pérez Díaz, de profesión contador, se había apersonado con unos ejemplares de una obra suya, Estudios de derecho comercial, para que se los firmara. Pérez Díaz le dijo que afuera había dos estudiantes chilenos que lo querían saludar y preguntó si podían pasar.
Una vez adentro, la secretaria escuchó voces que hablaban cada vez más alto y que reclamaban algo que bien podría ser el contrato de compra-venta de La Razón que tanto quería la Libertadora para dirimir el pleito con Peralta Ramos. Sonó un disparo. Tres hombres huyeron del lugar, en pleno centro porteño, al mediodía. Satanowsky había recibido un disparo en el cuello y murió a los pocos minutos.
Días más tarde, por teléfono, varias voces de varón que se identificaron como Pérez Díaz se dedicaron a llamar a los hermanos de Satanowsky (el abogado era soltero) reclamando resolver un pleito «para que no haya más luto en la familia». Querían dinero. Las llamadas se cortaron durante un año, hasta mediados de 1958, cuando la revista Mayoría comenzó a publicar la investigación de Walsh.
Isidro Satanowsky, hermano del abogado asesinado, recurrió a la SIDE, porque no confiaba en la policía. El jefe de los espías, general Juan Constantino Quaranta, armó una comisión integrada, entre otros, por Desiderio Fernández Suárez, el responsable del fusilamiento en el basural. La investigación apuntó a un ataque antisemita, en base a unos panfletos que los asesinos habían dejado sobre el escritorio de Satanowsky.
Al mismo tiempo, y gracias a los testimonios de los testigos, se pudo hacer el indentikit de Pérez Díaz. Resultó ser un delincuente llamado Marcelino Castor Lorenzo, alias El Huaso, de 52 años, que se dedicaba a la trata de blancas, y que de joven había sido matón de la Liga Patriótica. En rueda de presos fue reconocido como Pérez Díaz.
La causa cayó en manos del juez Bernabé Pirán Basualdo y comenzaron los rumores sobre presuntos vínculos de El Huaso con la Junta de Recuperación Patrimonial, el órgano de la dictadura dedicado a decomisar bienes supuestamente malhabidos en el peronismo. En otras palabras: habría actuado como un sicario.
En ese punto, Pirán Basualdo se dedicó a bloquear cualquier línea de investigación que vinculara al detenido con los servicios. Para marzo de 1958 la causa estaba paralizada. Walsh denunciaría que el magistrado estaba en tratos con Quaranta, que la SIDE tenía acceso al expediente y que un ayudante del General fue autorizado a visitar a Lorenzo.
Avanza la investigación
El fin de la Libertadora, aun con el peronismo proscripto, abrió las compuertas. Arturo Frondizi asumió el 1º de mayo de 1958. El 9 de junio, la revista Mayoría comenzó a publicar una serie de notas de un periodista que, en esa misma publicación, había denunciado la barbarie de los fusilamientos del 56. Al día siguiente, el juez citó a Rodolfo Walsh, que se negó a declarar. En esos días, el periodista denunció movimientos del juez en la compra de autos a precio de lista y el Senado no le dio el acuerdo para seguir en el cargo.
Walsh focalizó en el subjefe de la Policía Federal, el capitán de navío Aldo Luis Molinari, de quien sospechaba la familia Satanowsky. Detrás de este se hallaba un personaje tétrico, su mentor. Próspero Germán Fernández Alvariño se hacía llamar «Capitán Gandhi». Entre otras cosas, estaba obsesionado en demostrar que Juan Duarte había sido asesinado y no dudó en exhumar el cuerpo del hermano de Evita, cortarle la cabeza y tenerla con él en su oficina en el Congreso, tras la caída de Perón. Bien podía ser la mente detrás de los panfletos que buscaban desviar la investigación.
En otra línea de investigación, Walsh llegó a Elsa del Pin de Estévez, La Gallega, una prostituta que al momento del crimen era la pareja de Américo Pérez Gris, agente de la SIDE. La abandonó tres días después del asesinato. Volvió a los seis meses para reclamarle un revolver que ella había vendido. Se fue después de golpearla.
La Gallega habló ante el ofrecimiento de recompensa por parte de los Satanowsky. Contó que, el día del crimen, Pérez Gris le dijo que habían matado a alguien y que él era un sospechoso. El agente había salido en camioneta, esa mañana, acompañado por Ladislao Palacios, acaso el tercer hombre. Palacios fue a buscar a Pérez Gris el 16 y se fueron.
Para Walsh el crimen estaba instigado desde el gobierno militar en base a las acciones de La Razón, El Huaso era uno de los autores materiales y debía investigarse a Quaranta, Molinari y Gandhi.
La comisión
En agosto, comenzó a trabajar en la Cámara de Diputados una comisión investigadora del caso. Walsh se sumó, en su única intervención en un estamento público. Allí también colaboró otro periodista: Rogelio García Lupo. Fue el inicio de una relación que los llevaría a Prensa Latina y al diario de la CGT de los Argentinos.
Quaranta fue designado embajador en Bélgica por Frondizi. Antes de partir declaró ante el titular de la comisión, el diputado radical Agustín Rodríguez Araya. Negó todo responsabilidad y dijo que no creía que La Razón fuera el móvil del homicidio.
En eso entró en escena el revolver que Pérez Gris le había reclamado a La Gallega, el arma que motivara una paliza. Un hombre llamado Marcos Ozanick entregó a los Satanowsky un revolver que, según él, la mujer le había dado en prenda de pago. Para entonces, Pérez Gris, de 37 años, estaba en Paraguay.
Walsh viajó a Asunción como parte de la comisión. Pérez Gris le dijo que lo habían tanteado para matar al presidente Frondizi y admitió haber manejado el vehículo que llevó a Lorenzo y Palacios a la oficina de Satanowsky. Más tarde negó haber estado en Buenos Aires el día del asesinato. Como parte de los sempiternos planteos militares a Frondizi, las Fuerzas Armadas negaron la participación de altos oficiales en el crimen.
El 7 de noviembre, el análisis sobre el arma determinó que fue la usada el 13 de junio de 1957 en la oficina de Satanowsky. La Justicia ordenó detener a Ozanick, el que había entregado el revolver, que se defendió a tiros cuando lo fueron a buscar de madrugada. Casi al mismo tiempo, Quaranta volvió al país y declaró durante cinco horas ante la comisión. Negó saber de las andanzas delictivas de Pérez Gris, aun cuando el sospechoso circulaba con un carnet de la SIDE.
En diciembre, la comisión consideró que los responsables del asesinato tenían vínculos con los organismos de Inteligencia, pero que «no debe pretenderse manchar con este alevoso crimen a la Revolución Libertadora». No estableció móvil ni mencionó a La Razón. Nadie fue a juicio.
En otra línea de investigación, Walsh llegó a Elsa del Pin de Estévez, La Gallega, una prostituta que al momento del crimen era la pareja de Américo Pérez Gris, agente de la SIDE. La abandonó tres días después del asesinato. Volvió a los seis meses para reclamarle un revolver que ella había vendido. Se fue después de golpearla.
La Gallega habló ante el ofrecimiento de recompensa por parte de los Satanowsky. Contó que, el día del crimen, Pérez Gris le dijo que habían matado a alguien y que él era un sospechoso. El agente había salido en camioneta, esa mañana, acompañado por Ladislao Palacios, acaso el tercer hombre. Palacios fue a buscar a Pérez Gris el 16 y se fueron.
Para Walsh el crimen estaba instigado desde el gobierno militar en base a las acciones de La Razón, El Huaso era uno de los autores materiales y debía investigarse a Quaranta, Molinari y Gandhi.
La comisión
En agosto, comenzó a trabajar en la Cámara de Diputados una comisión investigadora del caso. Walsh se sumó, en su única intervención en un estamento público. Allí también colaboró otro periodista: Rogelio García Lupo. Fue el inicio de una relación que los llevaría a Prensa Latina y al diario de la CGT de los Argentinos.
Quaranta fue designado embajador en Bélgica por Frondizi. Antes de partir declaró ante el titular de la comisión, el diputado radical Agustín Rodríguez Araya. Negó todo responsabilidad y dijo que no creía que La Razón fuera el móvil del homicidio.
En eso entró en escena el revolver que Pérez Gris le había reclamado a La Gallega, el arma que motivara una paliza. Un hombre llamado Marcos Ozanick entregó a los Satanowsky un revolver que, según él, la mujer le había dado en prenda de pago. Para entonces, Pérez Gris, de 37 años, estaba en Paraguay.
Walsh viajó a Asunción como parte de la comisión. Pérez Gris le dijo que lo habían tanteado para matar al presidente Frondizi y admitió haber manejado el vehículo que llevó a Lorenzo y Palacios a la oficina de Satanowsky. Más tarde negó haber estado en Buenos Aires el día del asesinato. Como parte de los sempiternos planteos militares a Frondizi, las Fuerzas Armadas negaron la participación de altos oficiales en el crimen.
El 7 de noviembre, el análisis sobre el arma determinó que fue la usada el 13 de junio de 1957 en la oficina de Satanowsky. La Justicia ordenó detener a Ozanick, el que había entregado el revolver, que se defendió a tiros cuando lo fueron a buscar de madrugada. Casi al mismo tiempo, Quaranta volvió al país y declaró durante cinco horas ante la comisión. Negó saber de las andanzas delictivas de Pérez Gris, aun cuando el sospechoso circulaba con un carnet de la SIDE.
En diciembre, la comisión consideró que los responsables del asesinato tenían vínculos con los organismos de Inteligencia, pero que «no debe pretenderse manchar con este alevoso crimen a la Revolución Libertadora». No estableció móvil ni mencionó a La Razón. Nadie fue a juicio.
El cierre del drama, el que le permitió a Walsh hilvanar sus notas en el libro de 1973, ocurrió en octubre de 1972, cuando desde un auto acribillaron al sereno de un depósito de hojalata en Avellaneda. Tenía 67 años y se llamaba Marcelino Castor Lorenzo, más conocido como El Huaso.
La Razón y los militares
Poco después del crimen, la Justicia había fallado en el litigio del Estado contra Peralta Ramos: La Razón le pertenecía a la familia que había manejado el diario hasta 1946 y no había pruebas de una venta después del golpe del 55.
El Walsh de 1973 alertaba: «La naturaleza exacta de aquel arreglo no se conoce pero es un hecho que a partir de 1957 La Razón guardó lealtad absoluta a un solo patrón: el Ejército y en particular el Servicio de Informaciones del Ejército. Peralta Ramos había encontrado por fin el factor estable de la política argentina, trascendente a los efímeros gobiernos, el amo permanente que venía buscando desde sus coqueteos con el hitlerismo».
Con la democracia restablecida, el periodista planteó sin medias tintas: «En cada crisis política, en los preparativos de cada golpe, La Razón recibió y publicó sin modificaciones el contenido de los sobres que le llegaban del comandante en jefe: el alabado talento editorial de Félix Laíño se limitó a elegir la tipografía catastrófica, la ubicación en primera plana o el título inquietante».
Y cerró así: «La falsificación de documentos que condujo a la ruptura con Cuba, la preparación psicológica para el derrocamiento de Illia, la defensa solapada de las torturas, la cobertura de las masacres de Trelew y Ezeiza, el macartismo y antiperonismo señalaron el encuentro ideal de la prensa capitalista con su meta última de servicio de informaciones para la explotación y la represión».
Tres años después de aparecido el libro, la tarde del 23 de marzo de 1976, La Razón tituló: «Toda está dicho». La volanta decía: «Es inminente el final». Walsh desapareció al año siguiente. En 1978, el diario se sumó a la aventura de Papel Prensa con Clarín y La Nación. Recién se sacó la influencia militar con la asunción de Alfonsín, la salida de Félix Laíño como responsable periodístico y la llegada de Jacobo Timerman (víctima del terrorismo de Estado) como director.
FUENTE> P12.COM.AR
