El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios universitarios denunciaron que el Gobierno nacional incurre en un «incumplimiento total» de la ley de financiamiento y de los compromisos salariales fijados.
Según los representantes académicos, el Ejecutivo solo liquidó una fracción menor del acuerdo paritario previo a la intervención de la Corte Suprema, en lo que definieron como una maniobra del Ministerio de Capital Humano para eludir el pago integral de lo sancionado por ley el año pasado.
Voceros del CIN explicaron que la administración central solo abonó un incremento inicial del 20%, al que se sumará un 4% firmado para septiembre. Sin embargo, denunciaron que las autoridades omitieron el pago del 20% adicional comprometido para los gastos de funcionamiento.
«Se está abonando una erogación menor a la dispuesta por la medida cautelar. El Estado debe saldar la diferencia salarial pendiente, que se calcula en alrededor del 53% porque la ley impacta hacia atrás. El problema presupuestario no son solo los sueldos de ahora en más, sino la pérdida del poder adquisitivo arrastrada desde 2023», enfatizaron.
Frente a esto, los rectores universitarios profundizarán las acciones legales en los tribunales federales. Con el fin de la feria judicial, las instituciones aguardan por un tratamiento ágil de la causa. Detallaron que el Máximo Tribunal dictaminó que la apelación oficial no tuvo curso, por lo que el juez de Cámara debe ordenar ahora el cumplimiento de la normativa. En paralelo, recordaron que corren los plazos formales para la aplicación de multas financieras a aquellos funcionarios públicos que persistan en desobedecer la orden.
Por su parte, el frente sindical docente y no docente ratificó un plan de lucha que incluirá clases públicas. Tras movilizarse frente a Tribunales, las protestas se trasladarán a las puertas del Palacio Pizurno (ex Ministerio de Educación). El objetivo es dar visibilidad social a la crisis y alertar a la ciudadanía sobre el atraso en los haberes, cuya recomposición estimada por los sindicatos supera el 30%. En este escenario, destacan la fuerte unidad lograda entre las organizaciones gremiales ADUBA, APUBA y los estudiantes de la FUBA.
Finalmente, los equipos jurídicos confirmaron la ampliación de la denuncia penal que involucra directamente al presidente Javier Milei, a la ministra Sandra Pettovello y a Diego Santilli por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
