Por estos días circulan interesantes comparaciones entre el intento fallido de juicio político a la Corte Suprema menemista durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, el que luego empujó Néstor Kirchner y que logró desplazar a la vieja mayoría automática que había participado de la destrucción del Estado, y lo que sucede con el proyecto para enjuiciar al máximo tribunal actual, que no por diminuto carece de poder.¿Hay puntos de contacto? ¿Algún legado de esos juicios reaparece? ¿Cómo influye el contexto? ¿Los hechos? ¿Qué pasa adentro del tribunal? ¿Sirve acusar si no habrá destitución? Juristas y exlegisladores que vivieron los juicios previos dan su mirada.  

En aquellos años (2002-2005) no existían las redes sociales, que hoy amplifican voces, mensajes cruzados y operaciones. Un tuit reciente de Miguel Licht, titular del Tribunal Fiscal de la Nación y antes secretario en la Corte, desnudó las internas supremas frente al enjuiciamiento: compartió una nota de La Nación de junio de 2003 que contaba que el cortesano Juan Carlos Maqueda le había pedido en una carta al entonces presidente del tribunal, Julio Nazareno, que renunciara. 

«No me quedan dudas de lo que va a hacer Maqueda cuando termine la feria», ironizó Licht, con un paralelismo inviable. El punto es que esto fue retuiteado por María Bourdin, vocera de Ricardo Lorenzetti. Es difícil pensar que hable sólo por ella. Dos cosas quedan sobre el tapete: a la Corte no le es indiferente que se active el mecanismo de remoción, aunque la oposición la defienda y que parezca que el jury no prosperará; también revela un mensaje de Lorenzetti contra Rosatti y su intención de diferenciarse en el escenario actual. 

El pedido de juicio político del oficialismo con 15 firmas (hay otros cinco) incluye a todos los supremos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, además Maqueda y Lorenzetti. La guerra del último con el resto creció después que se vio impedido de volver a la presidencia del tribunal, cuando se autovotaron Rosatti y Rosenkrantz, ambos elegidos por Mauricio Macri. Se había iniciado en 2018, cuando tras 11 años de poderío fue destronado por ese dúo al que luego se sumaría Maqueda. Ese trío hoy manda. Tres votos hacen un fallo. Según ciertas lecturas, Lorenzetti hace su juego para zafar del jury. 

Todos serán citados por la Comisión de Juicio político si avanza la acusación. También llamaría a testigos —como el ministro de licencia Marcelo D’Alessandro y el vocero de Rosatti, Silvio Robles— y puede hasta secuestrar teléfonos con intervención judicial y pedir entrecruzamientos de llamadas, según confirmó la presidenta de ese cuerpo, la diputada oficialista Carolina Gaillard. Los denunciantes, antes, deberán ratificar sus planteos. Eso incluye a diputados de la Coalición Cívica que habían denunciado sólo a Lorenzetti. Será un desafío, dado que exponentes opositores dicen que no quieren ningún juicio político a la Corte y que si avanza no votarán otros proyectos. 

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau usó también Twitter: «La oposición está en onda delirio. Dicen que el juicio político a la CSJ (la Corte) afecta la marcha de la economía pero paralelamente anuncia que van a bloquear el tratamiento de leyes como la de blanqueo, promoción agroindustrial, desarrollo del sector tecnológico y la regularización previsional». 

Antes, el macrista Pablo Tonelli, había dicho que la oposición debía ir a la comisión de juicio político para interceder en las pruebas aunque no quiera el juicio. Dijo que el oficialismo apuesta a «desprestigiar» a los supremos «para provocar la renuncia de alguno». Esto abre un interrogante: ¿Se estará cocinando algún acuerdo? 

Con Duhalde, con Kirchner

Maqueda es el supremo más antiguo, promovido por Duhalde. Venía de ser senador del peronismo. En 2003 era el canal que tenía el gobierno de Kirchner para saber qué tramaba la mayoría automática menemista: amagaban con dolarizar el corralito y generar una catástrofe económica. Habían firmado ya un primer fallo en esa dirección, el caso «Smith». Usaban esa amenaza para evitar la destitución. 

La carta de Maqueda hacia Nazareno era inédita. Le cuestionaba la «sobreactuación mediática de baja calidad, de lenguaje vulgar, chabacano y pendenciero, que agrede a las buenas costumbres y pone en riesgo el respeto por la cabeza del Poder Judicial». «Creo —le decía— junto con la sociedad toda que usted debe dar un paso al costado para preservar la imagen del Poder Judicial, que sus apariciones públicas han deteriorado en forma pronunciada». 

Kirchner ya había hecho su célebre cadena nacional de seis minutos donde reclamó el juicio de «uno o varios» cortesanos que extorsionaban con los reclamos de ahorristas. Le pidió al Congreso «con toda humildad pero con coraje y firmeza» que asumiera «su rol institucional» y marcara «el hito hacia la nueva argentina que queremos, preservando la instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias». 

Nazareno retrucó ante las cámaras y cuando le preguntaron sobre un posible fallo por el corralito dijo, habano en mano: «Sí, es una de las cosas que tengo que extorsionar». Al final renunció, igual que Adolfo Vázquez y Guillermo López. Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos (el primero en 2003 y el segundo en 2005) en tiempos en que era claro el apoyo político trasversal a la remoción.

El antecedente que aparece en los raccontos recientes es el juicio a aquella misma Corte promovido en tiempos de Duhalde, que se topó con que propios no quisieron apoyarlo. Hubo dictamen de la Comisión de Juicio Político, que comandaba Sergio Acevedo, pero no consiguió los dos tercios en el recinto. 

Con el tiempo, Duhalde —que tampoco fue tan rotundo en estar al frente— diría que el problema había sido denunciar a todos los supremos juntos. La acusación, tanto en ese intento como en el jury posterior que avanzó, estaba enfocada en causas  y decisiones que había tomado la Corte y se traducía en «mal desempeño». Ahora es igual pero la oposición insiste que no se puede juzgar por el contenido de las sentencias, aunque el quid de la cuestión son los efectos.  

Con Duhalde, aparecían entre los cargos la inconducente investigación del atentado a la embajada de Israel, el rebalanceo telefónico, el intento por liberar el corralito, el fallo que benefició a Menem por contrabando de armas, entre otros. El segundo intento apuntó a algunos casos que revelan la pelea por el poder económico. Uno fue el fallo que favorecía a la empresa «Meller» que reclamaba 400 millones de pesos al Estado. Otro fue el «caso Macri» o «Sevel» (empresa que integraba Mauricio Macri), donde la imputación era obstruir una investigación por contrabando contra esa empresa.  

La disputa económica reaparece ahora en el pedido de juicio político, que se hace eco del reclamo de gobernadores frente a la decisión de los supremos de otorgar, dos años tarde, una cautelar (supuesta medida urgente) a Horacio Rodríguez Larreta para que el Estado Nacional le entregue más fondos coparticipables para seguridad. 

Luego se conocieron los chats de D’Alessandro con el colaborador de Rosatti, donde hablan de esa causa y el ministro intercambia ideas para una estrategia favorable a Juntos por el Cambio en la puja por el Consejo de la Magistratura. Ahí, otro punto del jury: el fallo que obligó a desarmar ese organismo que elige y sanciona jueces/zas y que Rosatti quedara como su presidente con una integración de 20 miembros usando una ley derogada. 

Las/los diputadas/os denunciantes plantean que la Corte se arroga funciones del Ejecutivo y del Legislativo. En el caso del Consejo es evidente que todo apuntó a paralizarlo, a mantener casilleros judiciales ocupados por designaciones irregulares del macrismo y vacantes para que subroguen los amigos. La denuncia incluyó el 2×1 a favor de los genocidas y los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial.  

Varieté de miradas

Nilda Garré integró como acusadora, diputada del Frepaso, el jury que prosperó con Kirchner. «Con Duhalde fallaron las cuentas y en el recinto el juicio naufragó. Luego la clave fue la decisión política de Kirchner cuando se extinguía el menemismo. Ahora el PRO no está en retirada», señala Garré a Página/12. 

«Dicen que la batalla está perdida, pero no se puede dejar de darla. El Poder Judicial hoy es protagonista de golpes de Estado, así como el poder económico. Aparecen militares, como en Brasil, pero dirige el Poder Judicial. La reacción debe ser el juicio político y que por lo menos se inicie un desgaste. La mayoría automática tenía personas de muy bajo nivel, no tanto los que enjuiciamos, Moliné y Boggiano. Ahora estamos frente a cuatro personas con nivel académico que expresan a un sector importante del poder y lo protegen. Pero el solo hecho de haber aceptado, dos de ellos (Rosatti y Rosenkrantz), ser nombrados por decreto, debería ser motivo de remoción. Lo mismo, haber repuesto una ley derogada del Consejo que comande Rosatti. Es de gravedad institucional», dice.  

«Esto se parece más al frustrado juicio ‘colectivo’de 2002 que a los específicos de 2003 y 2005, que fueron individuales. Quizá el primero funcionó como preámbulo. La coincidencia con el segundo caso es el apoyo presidencial explícito. El otro juicio político colectivo lo hizo Perón en 1947. Un juez de la Corte renunció y los otros dos fueron destituidos. Una lección: fue un error proceder en un juicio en bloque. Otra, no puede haber una excursión de pesca. Por ahora no veo causales claras de destitución», dice Gustavo Arballo, constitucionalista y secretario de del Superior Tribunal de La Pampa. 

Jorge Yoma tuvo, como senador, un papel activo en los juicios políticos anteriores. Hace memoria: «Esa Corte, la de la mayoría automática nos extorsionó. Lo hicieron en mi casa, en un reunión que me había encomendado Duhalde. Nos amenazaron con derogar la pesificación y dolarizar. Iba a ser una guerra civil. Era una corte indigna y el país estaba al borde del abismo. Pero el gobierno de Duhalde era de transición, no tenía poder político. Kirchner acompañó el enjuiciamiento con una reforma en el sistema de nominación de jueces de la Corte que lo jerarquizó y le dio transparencia. Estaba todo el sistema político de acuerdo». 

Yoma aclara que fue compañero de la convención constituyente de Rosatti y Maqueda. «Son tipos dignos y no veo causales de juicio por el contenido de sentencias», agrega y dice que sólo ve fallas técnicas en los fallos cuestionados. «Demonizar a la Corte es funcional a los radicales y al PRO», remata. 

«Cuando hicimos el juicio político buena parte del oficialismo y la oposición querían avanzar», recuerda Eduardo Di Cola, diputado en ese tiempo. «Ahí no mostraron interés de sostener un esquema judicial en aras de autoprotegerse, como ahora. No quieren el debate ante la sociedad. El desprestigio del Poder Judicial es el punto común«, afirma. 

Raúl Zaffaroni, quien ingresó a la Corte Suprema con Kirchner, sostuvo que aunque es posible que «no avance ahora el juicio porque no tiene los votos, es útil porque visibiliza ante la opinión el daño que hace esta Corte. Generará mayor consciencia de que algo hay que hacer con el Poder judicial. Esta consciencia determinará que la política se ponga a pensar qué hacer. Eso lo tendría que haber hecho antes y no esperar la catástrofe, pero mejor tarde que nunca». 

En alusión a los supremos cuestionados reflexiona: «No se trata de los cuatro jinetes del apocalipsis jurídico sino de la institución misma. Sería bueno que todos los políticos se pregunten: ¿Qué otra Corte hay en el mundo con cuatro jueces? ¿Qué otro país con códigos únicos no tiene casación nacional? ¿Qué otro país con control constitucional no hace que la jurisprudencia suprema sea obligatoria para todos sus jueces? ¿Qué otro país tiene una Corte que declara nula toda sentencia «arbitraria» sin que la Constitución Nacional la autorice? ¿A qué modelo de judicial se parece o responde el de la Argentina? A las cuatro primeras preguntas las respuesta es «ninguno», y a la quinta «a ninguno». Creo que es momento de ponerse a pensar».

FUENTE: P12.COM.AR